ADRU fija posición sobre el Proyecto de Ley de fusión del MESCYT y el MINERD
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) llama a retomar el diálogo para alcanzar mayor consenso, puesto que el proyecto de ley sometido al Congreso Nacional no refleja los aportes técnicos presentados por las comisiones de trabajo creadas por Decreto del Poder Ejecutivo para acompañar el proceso de discusión, que garantice la legitimidad y pertinencia de la eventual reforma.
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), en ejercicio de su responsabilidad histórica y de su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior, la ciencia y la innovación como pilares del desarrollo nacional, presenta su posición institucional respecto al Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (MINERD).
Esta posición se fundamenta en un análisis técnico del proyecto de ley, en el estudio de las leyes vigentes de educación y de educación superior, ciencia y tecnología, en la evaluación del estado actual del sistema educativo dominicano. Asimismo, toma en consideración las mejores prácticas internacionales de la educación, de la educación superior y de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, conscientes de la trascendencia de este proceso para el presente y el futuro del sistema educativo nacional.
La ADRU reconoce la potestad del Estado dominicano de reorganizar su estructura administrativa. Enfatiza que estos procesos deben diseñarse adecuadamente, preservar los logros alcanzados, fortalecer la institucionalidad y asegurar el cumplimiento efectivo de las atribuciones misionales de las instancias a reestructurar, de manera que se constituya en una transformación institucional profunda del sistema educativo y científico nacional.
En ese sentido, la Asociación observa que la reforma debe concebirse como una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica. Desde esta perspectiva, ha propuesto avanzar hacia una Ley General de Educación y Ciencia que articule coherentemente todos los niveles educativos con la producción científica y las demandas estratégicas del desarrollo nacional.
La ADRU sostiene que la educación superior no puede ser tratada únicamente como un nivel más del sistema educativo, sino como un subsistema estratégico con funciones claramente definidas: la formación profesional de calidad, la investigación científica y la vinculación y extensión universitaria. La ausencia de una arquitectura institucional robusta para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la postergación de una legislación específica en esta materia, representa un riesgo para la competitividad y el desarrollo del país.
Asimismo, la Asociación identifica como aspectos esenciales a revisar el reconocimiento de las funciones sustantivas de la universidad y la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución de la República como principio rector del sistema de educación superior. Si bien el proyecto de ley la enuncia, introduce formulaciones que generan ambigüedad jurídica y podrían afectar el ejercicio pleno de las funciones universitarias. La ADRU sostiene que dicha autonomía debe estar claramente protegida y armonizada con mecanismos de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad.
Otro punto de preocupación es el modelo de gobernanza propuesto. La ADRU defiende una gobernanza plural, colegiada y deliberativa, con participación efectiva de la comunidad académica y científica. La supresión del Consejo Nacional de Educación y del CONESCyT, y su sustitución por un órgano consultivo, debilita la gobernanza democrática del sistema educativo y concentra las decisiones en una sola instancia.
En materia de aseguramiento de la calidad, la ADRU reitera la necesidad de separar claramente las funciones de regulación, evaluación y acreditación, y propone la creación de una agencia autónoma de acreditación para la educación superior, conforme a estándares internacionales.
En cuanto a la articulación entre niveles y financiamiento, la ADRU subraya como indispensable el fortalecimiento y la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, reconociendo la educación técnico-profesional y promoviendo trayectorias formativas flexibles, continuas y reconocidas, en consonancia con el Marco Nacional de Cualificaciones. Todo ello exige un financiamiento adecuado, oportuno y sostenible, sustentado en reglas claras y compromisos verificables, que aseguren las condiciones necesarias para elevar la calidad educativa, fortalecer la investigación y la innovación, y cumplir de manera efectiva con las metas de desarrollo inclusivo y sostenible del país.
Conclusión
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades:
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Reconoce la necesidad de modernizar y hacer más eficiente la estructura del Estado.
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Advierte que una fusión administrativa, por sí sola, no garantiza la transformación del sistema educativo ni el fortalecimiento de la ciencia y la innovación.
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Ratifica que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ocupar un lugar central en la estrategia nacional de desarrollo.
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Propugna por un modelo de gobernanza plural, participativo y técnicamente sustentado.
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Exhorta a que el proyecto legislativo incorpore de manera explícita las recomendaciones técnicas de los diferentes sectores para asegurar su legitimidad.
En consecuencia, la ADRU hace un llamado al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a abrir un espacio amplio de diálogo y concertación, que permita que la reforma del sistema educativo dominicano se convierta en una verdadera política de Estado orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.
